Son muchos los pacientes víctimas de negligencias médicas que consiguen que se les reconozca su derecho a ser indemnizados a consecuencia de una mala praxis médica. De hecho, nuestros juzgados y tribunales estiman cada vez más este tipo de reclamaciones, como pueden ser errores en intervenciones quirúrgicas, diagnósticos equivocados o confusiones en la prescripción de medicamentos.
Una de las últimas resoluciones en este sentido ha sido la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha condenado a la Gerencia de Salud de Castilla y León a indemnizar con 71.631,29 euros más intereses y costas a un paciente zamorano por un retraso en el diagnóstico.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León ha considerado probado que existió una defectuosa asistencia sanitaria, es decir, una indiscutible negligencia médica, dado que los síntomas y la persistencia del cuadro clínico que el paciente presentaba en sus reiteradas asistencias a los servicios de salud requerían una atención urgente e inmediata. Sin embargo, no se llevó a cabo una adecuada exploración ni fue derivado con carácter urgente al especialista. Asimismo, el TSJ critica que por los facultativos se dejara evolucionar un cuadro clínico que no mejoraba con el tratamiento prescrito, sino que empeoraba, con un aumento de los dolores, y que con el tiempo acabó produciendo al paciente la pérdida del órgano afectado.
También se destaca otra reciente Sentencia de 19 de mayo de 2021, dictada por el mismo TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid, que condena a la Consejería de Sanidad de Castilla y León a abonar 35.000 euros por retraso en el diagnóstico de una paciente con cáncer.
Iniciar una reclamación frente a los servicios sanitarios por negligencia médica o contra los facultativos es un proceso muy delicado y de alta complejidad técnica, que requiere del debido asesoramiento jurídico. Por eso, antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda consultar a un abogado que oriente sus pretensiones y defienda sus intereses, tanto en vía administrativa como posteriormente en vía judicial. Asimismo, se debe contar con un médico experto que sepa deslindar las actuaciones negligentes y determinar en un informe pericial, entre otras cosas, si el paciente fue debidamente informado de forma previa a la intervención y prestó el debido consentimiento.
Leticia Rico Gordo.
Abogada.
